¿Qué hacer si mi socio comercial no me paga a pesar de los recordatorios y las promesas? ¿Qué hacer si mi cliente no abona mi última factura aunque el servicio se prestó correctamente? ¿Qué hacer si el promotor de la obra no reacciona a pesar de los innumerables correos y requerimientos?

El reflejo suele ser consultar a un abogado para presionar a los malos pagadores. Sin embargo, existe una solución rápida y (casi) gratuita: la solicitud de orden de pago (injonction de payer).

Guía completa.

1. ¿Qué es una solicitud de orden de pago?

Introducida en Francia por el decreto-ley de 25 de agosto de 1937, la orden de pago (injonction de payer) es un procedimiento simplificado y no contradictorio para el cobro de determinadas deudas dinerarias.

En principio, permite obtener rápidamente un título ejecutivo.

A grandes rasgos, quien reclama una deuda impagada presenta una solicitud ante el juez, que puede entonces dictar una orden de pago contra el deudor.

2. ¿Cuándo puedo obtener una orden de pago?

a. ¿Por qué importe?

Históricamente, el procedimiento se creó para el cobro de pequeñas deudas comerciales.

Desde el Decreto n.º 72-790, de 28 de agosto de 1972, el poder reglamentario admitió su uso para el cobro de deudas civiles y comerciales, cualquiera que sea su importe.

Por lo tanto, no existe un importe mínimo ni máximo de la deuda para recurrir al procedimiento de orden de pago.

b. ¿Para qué tipo de deuda?

La deuda a cobrar puede ser civil o mercantil.

Sin embargo, solo pueden ser objeto de este procedimiento las deudas de origen contractual, estatutario o cambiario. Esto incluye los contratos, con las cláusulas penales, los estatutos y los efectos de comercio (art. 1405 del Código de Procedimiento Civil).

A modo de ejemplo:

  • El fiador que paga por cuenta del deudor, subrogado en los derechos del acreedor principal, tiene una acción de regreso contra el deudor principal y puede cobrar su crédito mediante el procedimiento de orden de pago (Tribunal de Casación, Sala Segunda de lo Civil, 4 de marzo de 2004, n.º 02-13.278);
  • El Consejo Nacional de la Orden de Fisioterapeutas (Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes) está legitimado para reclamar las cuotas colegiales impagadas de un profesional, incluso mediante una orden de pago (Tribunal de Casación, Sala Primera de lo Civil, 16 de noviembre de 2016, n.º 15-27.401);
  • Dado que el expedidor, el transportista y el destinatario son partes del contrato de transporte, el destinatario responde del precio acordado entre el transportista y el expedidor, que el transportista puede reclamarle, incluso mediante una orden de pago (Tribunal de Casación, Sala de lo Mercantil, 30 de octubre de 2012, n.º 11-22.917).

Con arreglo al artículo 60 del Decreto n.º 67-223, de 17 de marzo de 1967, las acciones de cobro de gastos de copropiedad pueden tramitarse por el procedimiento de orden de pago.

Por último, solo pueden ser objeto de una orden de pago las deudas ciertas, líquidas y exigibles.

3. ¿Ante qué tribunal debo presentar la solicitud?

Territorialmente, la solicitud se presenta ante el tribunal del lugar donde reside el deudor, o uno de los deudores demandados (art. 1406 del Código de Procedimiento Civil), considerándose no escrita cualquier cláusula en contrario.

La única excepción: en caso de impago de gastos de copropiedad, el tribunal competente es el del lugar donde se encuentra el inmueble (art. 60 del Decreto n.º 67-223, de 17 de marzo de 1967).

En cuanto a la competencia objetiva, se aplican las reglas comunes (previstas en el Código de Organización Judicial y en el Código de Comercio):

  • Si la deuda es de naturaleza civil y procede de alquileres o gastos impagados en un arrendamiento de vivienda o de un crédito al consumo, es competente el juez de lo contencioso de protección (juge des contentieux de la protection);
  • Si la deuda es de naturaleza mercantil y el litigio enfrenta a dos comerciantes, es competente el presidente del Tribunal de Comercio (Tribunal des activités économiques);
  • Para cualquier otro tipo de deuda y, en particular, si procede de gastos de copropiedad, es competente el presidente del Tribunal Judicial (tribunal judiciaire).

4. ¿Dónde y cómo presentar una solicitud de orden de pago?

Con carácter general, se recomienda al justiciable que desee actuar sin abogado ni asesoramiento que consulte y se atenga a la información y los formularios que el Gobierno pone a su disposición en las siguientes direcciones:

  • Para acudir al juez de lo contencioso de protección, aquí;
  • Para acudir al presidente del Tribunal de Comercio, aquí;
  • Para acudir al presidente del Tribunal Judicial, aquí.

Los tribunales de comercio han puesto en marcha incluso procedimientos en línea que puede consultar aquí.

Para los más atrevidos que quieran actuar sin red, las reglas se detallan en los artículos 54, 57, 756 a 759 y 1407 del Código de Procedimiento Civil.

5. ¿Hace falta un abogado para presentar una solicitud de orden de pago?

No. En el momento de presentar la solicitud, cualquiera que sea el importe reclamado y la materia, no es necesario recurrir a un abogado.

Así, el acreedor puede presentar la solicitud por sí mismo o hacerse asistir por cualquier mandatario, jurista, alguacil o incluso una empresa de recobro (Tribunal de Apelación de Versalles, 5 de septiembre de 2002, n.º 00/02303).

En cambio, las reglas cambian cuando se formula oposición a la orden que estima la solicitud: ante el Tribunal de Comercio, igual que ante el Tribunal Judicial, la representación por abogado pasa a ser obligatoria en cuanto la reclamación supera los 10.000 euros (arts. 761 y 853 del Código de Procedimiento Civil).

6. ¿Qué documentos debo adjuntar a la solicitud de orden de pago?

La regla: aportar todos los documentos que acrediten la existencia, el importe y la exigibilidad de la deuda. En la práctica, suelen adjuntarse:

  • El contrato, las condiciones generales o los intercambios que demuestren el acuerdo (presupuesto aceptado, pedido, correos electrónicos de confirmación);
  • Las facturas detalladas y vencidas;
  • Las pruebas de ejecución de la prestación o de entrega (albaranes, informes, fotografías, actas de recepción, etc.);
  • Los requerimientos y recordatorios (cartas certificadas, correos electrónicos, acuses de recibo, a veces SMS) que acrediten la reclamación del pago;
  • En su caso, los elementos relativos a los intereses de demora previstos contractual o legalmente, para que el juez pueda calcularlos.

Un expediente preciso y completo facilita el examen del juez y aumenta las posibilidades de obtener rápidamente una orden favorable.

7. ¿Cuánto tarda la respuesta a la solicitud?

El procedimiento de orden de pago no es contradictorio: se desarrolla sin vista. El juez decide únicamente a partir de los elementos de su expediente.

Los plazos varían mucho según los tribunales, su carga de trabajo y la calidad del expediente. En la práctica, suelen transcurrir de unas semanas a unos meses entre la presentación de la solicitud y la decisión del juez.

8. ¿Qué respuestas son posibles a la solicitud?

Dos opciones:

  • El juez dicta una orden de pago si considera que la solicitud está justificada. La estimación puede ser total o parcial;
  • El juez la rechaza si considera que no está justificada o que la deuda parece discutible.

Si el juez rechaza la solicitud, el acreedor no dispone de ningún recurso: no podrá apelar y deberá proceder de otro modo para cobrar su deuda (art. 1409 del Código de Procedimiento Civil).

Si el juez dicta una orden de pago, el acreedor dispone de un plazo para notificarla y hacerla oponible al deudor (art. 1411 del Código de Procedimiento Civil).

Para las órdenes dictadas a partir del 1 de septiembre de 2026, este plazo es de 3 meses desde la fecha de la orden (antes, 6 meses), transcurrido el cual la orden queda sin efecto (Decreto n.º 2026-96, de 16 de febrero de 2026).

9. ¿Y tras la notificación de la orden al deudor?

Según el párrafo primero del artículo 1416 del Código de Procedimiento Civil, el deudor dispone de un mes, plazo que suspende la ejecución, desde la notificación para formular oposición a la orden.

Sin embargo, sería más exacto decir que el vencimiento de este plazo de un mes es necesario para que la orden se convierta en título ejecutivo, pero ya no basta para las órdenes dictadas a partir del 1 de septiembre de 2026: estas solo producen los efectos de un título ejecutivo al expirar un plazo de dos meses desde su notificación (art. 1422 del Código de Procedimiento Civil).

En efecto, según el párrafo segundo del artículo 1416 del Código de Procedimiento Civil, «si la notificación no se ha hecho en persona, la oposición es admisible hasta la expiración del plazo de un mes siguiente al primer acto notificado en persona o, en su defecto, a la primera medida de ejecución que tenga por efecto hacer indisponibles total o parcialmente los bienes del deudor».

a. En caso de oposición

En caso de oposición, que suspende la ejecución, se restablece el contradictorio y el acreedor deberá seguir un proceso «clásico» ante los tribunales competentes si desea cobrar su deuda.

En efecto, al término del proceso, la sentencia sustituye a la orden (art. 1420 del Código de Procedimiento Civil) y, en palabras del Tribunal de Casación, «la oposición basta para dejar sin efecto la orden de pago» (Tribunal de Casación, Sala Tercera de lo Civil, 9 de septiembre de 2014, n.º 13-16.300).

Las modalidades en que se organiza el retorno al contradictorio se detallan en los artículos 1408 y 1415 del Código de Procedimiento Civil.

b. En ausencia de oposición

Una vez expirado el plazo previsto en el párrafo primero del artículo 1416 del Código de Procedimiento Civil, y si la secretaría no ha informado al acreedor (mediante aviso de oposición o invitación a consignar) de que se formuló oposición en los dos meses siguientes a la notificación, el acreedor puede proceder a la ejecución forzosa (arts. 1415, 1422 y 1425 del Código de Procedimiento Civil).

Este nuevo plazo de dos meses, aplicable a las órdenes dictadas a partir del 1 de septiembre de 2026, fue introducido por el Decreto n.º 2026-96, de 16 de febrero de 2026: crea así un mecanismo de «el silencio equivale a aceptación», que refuerza la seguridad jurídica de los acreedores, que ya no tienen que realizar trámites adicionales para asegurarse de que no se ha formulado oposición en plazo.

Lo cierto es que la oposición sigue siendo posible según las modalidades del párrafo segundo del artículo 1416 del Código de Procedimiento Civil.

10. ¿Cuánto cuesta una solicitud de orden de pago?

El registro de la solicitud es gratuito ante el Tribunal Judicial y el juez de lo contencioso de protección.

Ante el Tribunal de Comercio, el registro de la solicitud cuesta 33,47 euros en 2026.

Si se estima su solicitud, deberá pagar la notificación de la orden por un alguacil, cuyas tarifas están reguladas. Sin contar los gastos de urgencia y desplazamiento, esta tarifa es de 25,79 euros en 2026.

Pueden añadirse costes adicionales si se adoptan medidas de ejecución forzosa; se detallan en los artículos A444-10 a A444-52 del Código de Comercio.

En cualquier caso, no dude en contactar con un alguacil, que le orientará sobre cómo proceder.

NOTA: la Ley n.º 2015-990, de 6 de agosto de 2015, estableció en el artículo L. 125-1 del Código de Procedimientos Civiles de Ejecución un procedimiento de cobro de pequeñas deudas, inferiores a 5.000 euros (desde el 25 de abril de 2026, excluye las deudas facturadas entre comerciantes). La doctrina y los profesionales discuten a veces su eficacia. Puede consultarse con detalle aquí.

Para las deudas mercantiles no impugnadas (es decir, facturadas), la Ley n.º 2026-307, de 23 de abril de 2026 (arts. L. 126-1 a L. 126-6 CPCE), introdujo un nuevo procedimiento extrajudicial, desarrollado por el Decreto n.º 2026-967, de 20 de octubre de 2026 (arts. R. 126-1 a R. 126-13 CPCE). Todavía no es aplicable: el decreto entrará en vigor en la fecha que fije una orden ministerial y, a más tardar, el 31 de diciembre de 2026.

El alguacil notifica un requerimiento de pago (en persona, en el domicilio o dejándolo en su despacho, con exclusión del acta de averiguaciones infructuosas). Si el deudor no paga ni impugna en el plazo de un mes, levanta un acta de no impugnación. El acreedor dispone entonces de tres meses, bajo pena de caducidad, para solicitar a la secretaría del tribunal de comercio que le aplique la fórmula ejecutiva. A continuación, el título debe notificarse en el plazo de seis meses, y el deudor dispone aún de un mes para formular oposición.

En teoría, es una alternativa adicional a la orden de pago. En la práctica, su eficacia suscita dudas: si el deudor no ha pagado a pesar de los recordatorios, ¿por qué iba a hacerlo ante un requerimiento? Y, sobre todo, le basta con impugnar (el decreto no exige motivación alguna) para poner fin de inmediato al procedimiento y obligar al acreedor a acudir al juez. Y si deja pasar ese plazo, aún le queda una segunda oportunidad: la oposición al título ejecutivo, sin coste para él.

Una palanca cómoda para ganar tiempo a bajo coste: no se prevé ninguna sanción contra los deudores de mala fe.

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